GOLPE AL RELATO PROGRESISTA

En estas horas, miles de santafesinos estamos viendo en nuestros recibos, como el gobierno socialista de Miguel Lifschitz nos descuenta un día de paro por reclamar mejores salario y condiciones dignas. Precisamente en estas horas, también, se conmemora en todo el mundo el día del trabajador, en memoria de las luchas obreras que, con el costo de muchas vidas lograron fijar la jornada laboral en ocho horas.

No lo esperábamos de un gobierno progresista, que hace diez años impulsó la ley de paritarias. No lo esperábamos de un gobierno que hace bandera de los derechos sociales. No esperábamos esta punición, para quienes decidimos decirle no a una propuesta, a todas luces insuficiente, a tal punto que fue corregida, semanas después, para estatales, docentes y municipales.

Cuando un sindicato determina una medida de fuerza y la comunica al Ministerio de Trabajo, éste puede activar diferentes mecanismos formales para disuadir la protesta. El más conocido es la conciliación obligatoria. Nada de ésto ocurrió antes del 4 de abril, cuando miles de santafesinos decidieron salir a la calle, a pesar de todos los amedrantamientos recibidos. Y aquí radica la ilegalidad del descuento: la medida, como tantas otras, fue anunciada y el gobierno no activó las herramientas que la ley prevé para frenarlo. Por lo tanto, el paro no puede considerarse falta injustificada, tal como lo anuncia el recibo.

No lo esperábamos de un gobierno socialista, que hace alarde de su sensibilidad y solidaridad. Retenerle haberes a los trabajadores es más que un golpe bajo. Muchos de los perjudicados no llegan este mes a cobrar el nuevo salario mínimo garantizado. Además, el criterio empleado para los descuentos es absurdamente discrecional. Quienes no cuentan con sistema de fichaje en sus lugares de trabajo, fueron marcados en función de su pertenencia gremial. Es decir, hay personas que fueron a trabajar y reciben el descuento de todas formas.

Sin embargo, lo más grave es el legado, el efecto de la medida. Descontar un día de paro adoctrina y alecciona; busca desalentar fuertes luchas laborales en un contexto que seguramente las necesitará. Así, resulta desacertada la estrategia de los que acompañaron la propuesta original del gobierno, celebrando este descuento. Lo que hoy puede leerse como un guiño del poder ejecutivo, mañana se transforma en un arma coercitiva.

Así lo entendía una enfermera que, cobrando $17.000, viene bregando junto a sus compañeros por más seguridad en los hospitales cuando el sol cae. Se preguntaba y nos preguntaba cómo iba a conseguir fuerzas para un plan de acción si primero no estábamos todos de acuerdo en que lo que estamos viviendo representa un atropello a nuestros derechos laborales.

6 kilos, 2 decretos y 20.000 personas

La provincia de Santa Fe vive días históricos. Por primera vez, en diez años, el gobierno intenta cerrar el ajuste salarial sin el acuerdo paritario de todos los gremios. Precisamente, el partido que impulsó esta ley, allá por 2008, hoy vuelve sobre sus pasos.

Los docentes y estatales recibieron una propuesta similar: Más allá del mediático anuncio de un 18%, el aumento real no alcanza al 17%, ya que incluye como parte del mismo el importe recibido en concepto de cláusula gatillo 2017. La división de este importe en tramos (Marzo - 7,7% y Septiembre - 9%) y la forma engañosa de presentarla generaron el rechazo casi inmediato. Con esta disposición, el aumento en promedio, no llegará al 12% en 2018. En consonanza con el pacto fiscal firmado, la propuesta no dista demasiado de las expectativas del gobierno nacional. Basta tener en cuenta que la inflación en Santa Fe superó en más de un punto a la media nacional el año pasado.

No sólo representa un retroceso respecto a anteriores propuestas de la misma gestión, sino también un giro en la forma de relacionarse con el poder gremial.
Al estilo Prat Gay, el gobernador aseguró que los maestros estaban peleando por 6 kilos de pan, y que los dirigentes sindicales no entienden la realidad del país. Nunca es buen síntoma elegir discursivamente como enemigos a los docentes. Lo han hecho kirchneristas, macristas y desde esta semana, socialistas. El capitalismo en su versión posmoderna no guarda buena reputación para las clases asalariadas.

Para sorpresa de propios y extraños, el frente progresista que encabeza Miguel Lifschitz anunció el descuento para los agentes que se adhieren a las medidas de fuerza y, en consonancia con los gremios que aceptaron la propuesta salarial, dedicó su esfuerzo a romper el paro.

La gestión provincial vuelve a tener la pelota de su lado. En unos días se verá si elige redoblar la apuesta o reencausar el diálogo paritario que alguna vez supo construir. Ayer fue el turno de los trabajadores, esta vez sin los municipales -arribaron a un 18% real en su recomposición-, que pusieron la dignidad por delante del miedo y el amedrantamiento, y dijeron presente por veinte mil, parando y movilizando toda la provincia.

Los viejos y nosotros

No es nada nuevo, en febrero ya lo habían intentado.
Un error en la fórmula de cálculo de los jubilados dejaba a los jubilados con algunos pesos menos, y al estado con miles de millones más. Pero dieron marcha atrás.

Hoy, a semanas de una elección que ratificó el rumbo, el recorte tiene nombre de reforma con fuerza de ley. Algunos dicen que es el FMI, otros dicen que es mero convencimiento monetarista: la explicación de que hay poco y no alcanza para todos. En cualquier caso, no deja de ser una declaración de principios sobre las prioridades de un gobierno.

Y así como nos fuimos acostumbrando a aceptar que las jubilaciones sean flacas; así como mirábamos por la tele el rugir las ollas populares frente al llanto de Cavallo; así como vimos el recorte del 13% antes de que el 2001 se nos caiga encima; así como nos quedamos callados cuando vetaron el 82% móvil y dejaron morir a miles sin pagarles su juicio; así nos preparamos para participar de la misma escena repetida: Poder político en ascenso, medios de comunicación complacientes y el ajuste siempre del mismo lado de la reja.

En mis años mozos, mi vieja me solía decir que una sociedad de valoraba por cómo cuidaba de sus niños y sus viejos.
Hoy, lamentablemente abundan las chances de dar un paso atrás. Uno más.

Justicia Debida

Como en casi todos los temas que se discuten en horario prime time, se montan escenas y dicotomías que evitan visibilizar los problemas de fondo. Mientras los jueces federales permanezcan intocables, el entramado político-empresarial seguirá intacto, y nos deberemos conformar con duelos mediáticos eternamente cíclicos.

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En las próximas horas diferentes fuerzas políticas -con el oficialismo a la cabeza- intentarán expulsar de la Cámara a Julio De Vido. Argumentos, sobran.
Hemos aprendido en el último tiempo sobre el descalabro en la obra pública nacional, provincial y municipal. Su procesamiento en la tragedia de once y las elecciones venideras lo dejaron en la cuerda floja legislativa.

Sin embargo, resulta curiosa la discrecionalidad con la cual el congreso (los diputados y senadores afines al poder político de turno) elige a quien juzgar y cómo lo hace.

Carlos Menem es el principal ícono. Doblemente condenado, por delitos gravísimos, goza de su banca y sus fueros desde 2005. Kirchneristas y macristas decidieron pasarlo por alto.

Y aquí es donde vale la pregunta. ¿Vale más la justicia o la voluntad popular?¿La democracia pesa más que la ética y la legalidad?¿Dónde está la tabla que mide condenas, sospechas y procesamientos?

Macri, Bullrich, Aguad y Pinedo parecen haber encontrado algunas respuestas. Que quizás hayan cambiado respecto a 2003, cuando siendo diputados, votaron en contra de la expulsión de Patti, sospechado de delitos de lesa humanidad.

Poder Real y Permanente

Promediaba el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en 1985 Clarín compró Radio Mitre.

Pocos años después, Carlos Menem, ordenó derogar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión que prohibía la conglomeración de medios y vendió - a precio irrisorio - el canal 13, hasta entonces público.

Clarín ya había dejado de ser un diario, para convertirse en un grupo.

Una de las primeras medidas económicas durante la presidencia de Eduardo Duhalde fue la pesificación asimétrica. Muchas grandes empresas licuaron sus deudas estratégicas a una tercera parte. Clarín debía unos 1700 millones de dólares, que se redujeron sensiblemente a partir de febrero de 2002.

Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, los reglas del juego no cambiaron. Durante 2007, el gobierno autorizó la fusión de dos Multicanal y Cablevisión.

Muy poco tiempo después y hasta el final de su gestión, Cristina Fernández mostró al grupo empresario como el principal enemigo político. Sin embargo, a pesar de contar con un 54% de votantes, mayoría en ambas cámaras, sectores afines dentro del Poder Judicial, y el aval constitucional de la Corte Suprema, no pudo desconcentrar la corporación mediática ni con una ley.

Mauricio Macri, a los pocos días de asumir, dejó sin efecto aquella ley de medios. Fue entonces que Clarín quedó habilitado para ingresar a un rubro que perseguía hace más de una década.

Así fue primero por Nextel, a comienzos de 2016 y luego por Telecom, en pleno mundial de Rusia.

En 2017, sus socios además recuperaron el negocio del fútbol pago.

Estos 30 años de democracia han tenido matices y vaivenes, y un claro ganador, independientemente de quien resultase electo presidente. Elementos, tiene de sobra, para confiar más en su poder real y permanente.

Lucha de género

Las que viven solas;
Las que andan en bici;
Las que no se molestan por un poco de desorden.

Las que manejan su auto;
Las que no son rehenes del teléfono;
Las que casi no guardan tabúes para el amor.

Las que viajan con amigas;
Las que llevan con altura los años sumados.
Las que ya dieron vida y no descuidan la suya;

Las que sonríen gratuitamente;
Las que no se obligan a verse en pareja;
Las que no creen que mujer y maternidad sean sinónimos.

Las que ya vencieron al orgullo;
Las que se permiten equivocarse;
Las que cada día renacen para seguir luchando.

El properonismo institucional

Existe siempre una tensión entre el poder y sus formas de ejercerlo. Pueden o no ir de la mano las acciones
que un gobierno lleve adelante con el modo de consensuarlas, de construirlas. ¿Son acaso, más importantes los medios que los fines; el papel que el regalo; la ropa que el cuerpo? La respuesta, como casi siempre, no puede ser taxativa. Cuando lo que discutimos son gestos, tonos y costumbres no podemos escapar de cierta superficialidad, ya que estamos caracterizando al individuo y los alcances de tales modismos sólo tienen un efecto personalísimo. En cambio, cuando las formas tienen que ver con las instituciones, el análisis se configura objetivamente ya que las medidas del poder - dentro o fuera de las mismas - implican a la sociedad en su conjunto.

El kirchnerismo, durante sus últimos años fue recurridamente criticado por sus formas, en ambas variantes; en el abanico que comprende desde cuestiones de estilo y estética con argumentación difusa hasta la falta de calidad institucional, completamente cimentada en su fundamentos.

Y yacen precisamente en lo subjetivo de las formas las diferencias marcadas entre el nuevo y el anterior gobierno. Y por definición, no pueden ser profundas. Porque se refieren a máscaras,a prólogo, a marketing. En cambio, cuando se escarba un poco más hondo, no se encuentra en la gestión macrista ningún apego por las instituciones o los principios republicanos.

La primera medida política del Presidente, fue designar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, algo que siquiera había intentado Cristina, tras doce años de acumulación de poder.
Sus anuncios económicos no se quedaron atrás. Tras anunciar en campaña que los impuestos serían facultad del parlamento, eximió de retenciones a sectores que 'no podían esperar' tanta división de poderes.
Asímismo, El Congreso, fue el primer espacio de negociación política cuando llegó la hora de honrar las deudas buitres y las voces se alzaron celebrando los acuerdos entre bloques disímiles.
Sin embargo, dos meses más tarde, no tuvo la misma suerte una ley que no tenía los mismos destinatarios. Y una norma que, con muchas contradicciones, intentaba que los empresarios participaran también del ajuste a beneficio de sus empleados, sufrió el primer veto en la era Macri. Sin perjuicio de las lecturas políticas con segundas intenciones, resulta evidente el concepto que el Poder Ejecutivo tiene sobre los acuerdos logrados en el Legislativo cuando sus objetivos no coinciden. La principal prueba está en los más cien vetos que Mauricio practicó como jefe de gobierno porteño.

Hace más de un mes, el juez Oyarbide, cómplice de la impunidad del poder hace más de veinte años, presentó su renuncia. Y el gobierno que vino a combatir la corrupción prefirió no acusarlo, aceptándola para que se vaya con su cómoda jubilación a bailar por donde quiera que haya un globo amarillo volando.