A veces nos preguntamos por qué un gobierno no aumenta las jubilaciones, se ensaña con las universidades o se muestra insensible ante las personas con discapacidad.
Cada año, un gobierno define su presupuesto. Y aunque, obviamente, existen beneficios para determinados sectores que podrían revisarse —exenciones en Bienes Personales, el régimen de promoción de Tierra del Fuego, el SUPER RIGI—, hay un ítem presupuestario que no para de hipotecarnos.
Desde 2018, a partir del préstamo de aproximadamente 45.000 millones de dólares que insólitamente habilitó el Fondo Monetario Internacional, la Argentina destina una porción significativa de su presupuesto al pago de los servicios de la deuda pública. Una carga que, año tras año, condiciona las posibilidades del Estado de asignar recursos a otras prioridades. Más del 10% del gasto presupuestario, en distintos ejercicios, termina comprometido en obligaciones financieras.
Lo más doloroso es que semejante deuda —la mayor en la historia del Fondo Monetario Internacional— sirvió para casi nada.
No construimos una red ferroviaria moderna que conectara los centros productivos con los puertos. No multiplicamos la infraestructura portuaria. No desarrollamos una red de rutas estratégicas que mejorara nuestra capacidad logística y exportadora. No hubo una transformación de la infraestructura productiva que permitiera generar, en el futuro, los dólares necesarios para devolver lo que habíamos pedido prestado.
En buena medida, el endeudamiento externo de aquellos años alimentó otro circuito. La apertura financiera permitió el ingreso de capitales especulativos que encontraron en las altas tasas de interés en pesos una oportunidad para obtener ganancias extraordinarias mediante la bicicleta financiera. Entraban dólares, los convertían en pesos, aprovechaban los rendimientos financieros y, cuando las condiciones dejaban de resultarles convenientes, volvían a dolarizar sus posiciones y se retiraban.
El gobierno de Mauricio Macri había reducido primero los requisitos de permanencia de esos capitales y, en enero de 2017, eliminó el plazo mínimo de 120 días que todavía regía para las inversiones extranjeras. La puerta de entrada quedó abierta, pero también la de salida.
Cuando ese esquema comenzó a desmoronarse, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional permitió sostener durante un tiempo la disponibilidad de divisas y atender los compromisos externos. Pero una parte sustancial de esos dólares terminó alimentando la formación de activos externos y la salida de capitales, en lugar de convertirse en inversiones que ampliaran nuestra capacidad productiva.
La deuda quedó. Buena parte de los dólares se fue.
Muchas veces, cuando vemos las penurias económicas actuales, nos ensañamos —con razón— con el gobierno de Javier Milei. Sus políticas, que pueden ajustar hasta un coro de niños, naturalmente, tienen consecuencias propias y deben ser examinadas. Pero una parte sustancial de las restricciones que enfrenta la economía argentina desde hace casi una década tiene su origen en un proceso anterior. Un proceso que tampoco el peronismo se animó a revisar con la suficiente sustancia política.
Así como Mostaza y McDonald's disputan quién tiene la M más grande, nuestra mochila tiene bastante más de Macri que de Milei.
Una mochila cargada de vencimientos, intereses y compromisos financieros que condicionan cada presupuesto y cada negociación con los mercados. Una mochila que carga los hombros de jubilados, y asalariados.
