DESAHUCIADA

 *DESAHUCIADA*

Mari Carmen tenía 87 años.

En España, su nombre se hizo conocido en las últimas semanas. En Argentina, en cambio, su historia apenas llegó a nuestros oídos.

Vivió durante 71 años en el mismo departamento, en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid. Allí había vivido con sus padres. Allí había transcurrido prácticamente toda su vida. El contrato de alquiler, firmado por su familia en 1956, había pasado primero a su madre y después a ella.

Durante décadas pagó el alquiler de su casa. Pero en 2018, un fondo de inversión adquirió el edificio y comenzó una disputa por la continuidad de su contrato. Dos años después, le comunicaron que el nuevo alquiler superaría su jubilación.

Finalmente, el 23 de septiembre, la desalojaron. Una mujer de 87 años, con problemas de movilidad y una vida entera detrás de esas paredes, terminó en una camilla rumbo al hospital. Quince días después, el 7 de octubre, Mari Carmen murió. 

A Mari Carmen no la expropió el comunismo. No la mató a tiros una inteligencia artificial. No fue víctima de una catástrofe natural. Fue desalojada de su casa mediante un procedimiento legal, impulsado por una empresa inmobiliaria, dentro de un sistema económico que puede terminar imponiendo el derecho de propiedad sobre cualquier consideración humana.

Quizás el capitalismo sea una de las construcciones más notables que supimos desarrollar. Ha generado riqueza, transformado sociedades y multiplicado nuestras posibilidades materiales. Pero ¿cómo explicar que un sistema capaz de producir tanto desarrollo siga siendo incapaz de garantizar algo tan elemental como un techo? ¿Cómo aceptar que el lugar donde una persona puede vivir dependa exclusivamente de cuánto dinero sea capaz de producir, incluso en la vejez y la vulnerabilidad más extremas?

Su historia conmovió a España. Hubo protestas, concentraciones y reclamos. Porque el problema de Mari Carmen no era solamente el de una mujer mayor que ya no podía pagar el alquiler. Era también el de una sociedad en la que la vivienda, una necesidad humana elemental, se ha convertido para millones de personas en un bien cada vez más inaccesible.

Y en esa transformación de la vivienda en mercancía también interviene el turismo. En ciudades como Madrid, un departamento puede resultar más rentable alquilado por noches a quienes vienen de visita que por meses a quienes viven allí. El modelo Airbnb expone una contradicción: quienes llegan a disfrutar de una ciudad pueden tener mayor capacidad para pagar sus viviendas que quienes la habitan. Si esto sucede en España, con sus recursos e instrumentos de regulación, ¿qué podemos esperar de países donde los controles son más débiles y las desigualdades aún mayores?

Cuando la rentabilidad compite con el derecho a habitar, ¿para quién son las ciudades?

La palabra que en España utilizan para nombrar estos desalojos es desahucio.

En Argentina, pensamos en los desahuciados como aquellos que han perdido toda esperanza, los que ya no tienen nada que esperar.

Mari Carmen fue desahuciada. Despojada de su historia, de su barrio y de su hogar.

Unos días más tarde, también de su vida.

En Argentina llevamos casi tres años sin Ley de Alquileres que rigió hasta fines de 2023. El mercado se regula solo. Las inmobiliarias y los propietarios destacan que aumentó la oferta. Los inquilinos saben que tienen que dedicar cada vez más de su sueldo a la proeza nómade de buscar dónde dedicarse a vivir.