Existe siempre una tensión entre el poder y sus formas de ejercerlo. Pueden o no ir de la mano las acciones
que un gobierno lleve adelante con el modo de consensuarlas, de construirlas. ¿Son acaso, más importantes los medios que los fines; el papel que el regalo; la ropa que el cuerpo? La respuesta, como casi siempre, no puede ser taxativa. Cuando lo que discutimos son gestos, tonos y costumbres no podemos escapar de cierta superficialidad, ya que estamos caracterizando al individuo y los alcances de tales modismos sólo tienen un efecto personalísimo. En cambio, cuando las formas tienen que ver con las instituciones, el análisis se configura objetivamente ya que las medidas del poder - dentro o fuera de las mismas - implican a la sociedad en su conjunto.
El kirchnerismo, durante sus últimos años fue recurridamente criticado por sus formas, en ambas variantes; en el abanico que comprende desde cuestiones de estilo y estética con argumentación difusa hasta la falta de calidad institucional, completamente cimentada en su fundamentos.
Y yacen precisamente en lo subjetivo de las formas las diferencias marcadas entre el nuevo y el anterior gobierno. Y por definición, no pueden ser profundas. Porque se refieren a máscaras,a prólogo, a marketing. En cambio, cuando se escarba un poco más hondo, no se encuentra en la gestión macrista ningún apego por las instituciones o los principios republicanos.
La primera medida política del Presidente, fue designar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, algo que siquiera había intentado Cristina, tras doce años de acumulación de poder.
Sus anuncios económicos no se quedaron atrás. Tras anunciar en campaña que los impuestos serían facultad del parlamento, eximió de retenciones a sectores que 'no podían esperar' tanta división de poderes.
Asímismo, El Congreso, fue el primer espacio de negociación política cuando llegó la hora de honrar las deudas buitres y las voces se alzaron celebrando los acuerdos entre bloques disímiles.
Sin embargo, dos meses más tarde, no tuvo la misma suerte una ley que no tenía los mismos destinatarios. Y una norma que, con muchas contradicciones, intentaba que los empresarios participaran también del ajuste a beneficio de sus empleados, sufrió el primer veto en la era Macri. Sin perjuicio de las lecturas políticas con segundas intenciones, resulta evidente el concepto que el Poder Ejecutivo tiene sobre los acuerdos logrados en el Legislativo cuando sus objetivos no coinciden. La principal prueba está en los más cien vetos que Mauricio practicó como jefe de gobierno porteño.
Hace más de un mes, el juez Oyarbide, cómplice de la impunidad del poder hace más de veinte años, presentó su renuncia. Y el gobierno que vino a combatir la corrupción prefirió no acusarlo, aceptándola para que se vaya con su cómoda jubilación a bailar por donde quiera que haya un globo amarillo volando.
