En estas horas, miles de santafesinos estamos viendo en nuestros recibos, como el gobierno socialista de Miguel Lifschitz nos descuenta un día de paro por reclamar mejores salario y condiciones dignas. Precisamente en estas horas, también, se conmemora en todo el mundo el día del trabajador, en memoria de las luchas obreras que, con el costo de muchas vidas lograron fijar la jornada laboral en ocho horas.
No lo esperábamos de un gobierno progresista, que hace diez años impulsó la ley de paritarias. No lo esperábamos de un gobierno que hace bandera de los derechos sociales. No esperábamos esta punición, para quienes decidimos decirle no a una propuesta, a todas luces insuficiente, a tal punto que fue corregida, semanas después, para estatales, docentes y municipales.
Cuando un sindicato determina una medida de fuerza y la comunica al Ministerio de Trabajo, éste puede activar diferentes mecanismos formales para disuadir la protesta. El más conocido es la conciliación obligatoria. Nada de ésto ocurrió antes del 4 de abril, cuando miles de santafesinos decidieron salir a la calle, a pesar de todos los amedrantamientos recibidos. Y aquí radica la ilegalidad del descuento: la medida, como tantas otras, fue anunciada y el gobierno no activó las herramientas que la ley prevé para frenarlo. Por lo tanto, el paro no puede considerarse falta injustificada, tal como lo anuncia el recibo.
No lo esperábamos de un gobierno socialista, que hace alarde de su sensibilidad y solidaridad. Retenerle haberes a los trabajadores es más que un golpe bajo. Muchos de los perjudicados no llegan este mes a cobrar el nuevo salario mínimo garantizado. Además, el criterio empleado para los descuentos es absurdamente discrecional. Quienes no cuentan con sistema de fichaje en sus lugares de trabajo, fueron marcados en función de su pertenencia gremial. Es decir, hay personas que fueron a trabajar y reciben el descuento de todas formas.
Sin embargo, lo más grave es el legado, el efecto de la medida. Descontar un día de paro adoctrina y alecciona; busca desalentar fuertes luchas laborales en un contexto que seguramente las necesitará. Así, resulta desacertada la estrategia de los que acompañaron la propuesta original del gobierno, celebrando este descuento. Lo que hoy puede leerse como un guiño del poder ejecutivo, mañana se transforma en un arma coercitiva.
Así lo entendía una enfermera que, cobrando $17.000, viene bregando junto a sus compañeros por más seguridad en los hospitales cuando el sol cae. Se preguntaba y nos preguntaba cómo iba a conseguir fuerzas para un plan de acción si primero no estábamos todos de acuerdo en que lo que estamos viviendo representa un atropello a nuestros derechos laborales.
