Como en casi todos los temas que se discuten en horario prime time, se montan escenas y dicotomías que evitan visibilizar los problemas de fondo. Mientras los jueces federales permanezcan intocables, el entramado político-empresarial seguirá intacto, y nos deberemos conformar con duelos mediáticos eternamente cíclicos.
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En las próximas horas diferentes fuerzas políticas -con el oficialismo a la cabeza- intentarán expulsar de la Cámara a Julio De Vido. Argumentos, sobran.
Hemos aprendido en el último tiempo sobre el descalabro en la obra pública nacional, provincial y municipal. Su procesamiento en la tragedia de once y las elecciones venideras lo dejaron en la cuerda floja legislativa.
Sin embargo, resulta curiosa la discrecionalidad con la cual el congreso (los diputados y senadores afines al poder político de turno) elige a quien juzgar y cómo lo hace.
Carlos Menem es el principal ícono. Doblemente condenado, por delitos gravísimos, goza de su banca y sus fueros desde 2005. Kirchneristas y macristas decidieron pasarlo por alto.
Y aquí es donde vale la pregunta. ¿Vale más la justicia o la voluntad popular?¿La democracia pesa más que la ética y la legalidad?¿Dónde está la tabla que mide condenas, sospechas y procesamientos?
Macri, Bullrich, Aguad y Pinedo parecen haber encontrado algunas respuestas. Que quizás hayan cambiado respecto a 2003, cuando siendo diputados, votaron en contra de la expulsión de Patti, sospechado de delitos de lesa humanidad.
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