Tantas veces escuchamos la disputa entre Mercado Vs. Estado; Estado presente vs. Estado ausente; Estado chico vs. Estado Grande. Nos suena a discusión vieja, a luchas de otros tiempos. Y tenemos razón: son debates que tienen -por lo menos- cincuenta años. Nos cuesta verlo en lo concreto, en lo cotidiano, en lo irrefutable. Hasta que nos topamos con una estación de servicio.
Hasta fines octubre del año 2017, cada vez que la Cámara de Empresarios del Combustible pretendía un aumento en sus precios tenía que presentar al gobierno nacional sus fundamentos: explicar costos, inflación, aumento del barril, hacer lobby. Si bien los aumentos siempre fueron autorizados, la 'burocracia' garantizaba razonabilidad, los aumentos no podían ser excesivos ni frecuentes.
A partir del año pasado, la gestión de Mauricio Macri decidió liberar este mercado, dejando en manos de las petroleras la facultad de fijar precios sin intervención gubernamental. "Soy optimsta y creo que el combustible y el petróleo en el mundo van a volver a bajar...Vamos a ser potencia", afirmó el presidente en ocasión de tal anuncio.
Desde entonces, hace 9 meses, el precio de las naftas aumentó entre un 70% y 100% -según su calidad y octanaje-, lo que representa más del doble de la inflación acumulada en el mismo período.
Mucho antes que el 2018 termine, el Gobierno no pudo cumplir su meta de inflación, precisamente, porque el alza de los combustibles la va empujando hacia arriba, ya que traslada costos a toda la cadena de producción, en todo lo que necesita ser transportado en nuestro país centralista y rutero.
Argumentado en el desfase con el dólar, es inminente un nuevo ajuste tarifario. Ya se sabe quiénes lo pagarán. Lo que no se sabe es cómo apagar el fuego inflacionario, pero nunca fue bueno echarle un bidón de nafta.
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